JEP señala a ocho exmilitares por crímenes contra la Unión Patriótica durante el conflicto armado colombiano
Los hechos ocurrieron entre 1985 y 1993 en Bogotá e incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Los comparecientes tienen 15 días hábiles para reconocer su responsabilidad o controvertir los hallazgos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a responder por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), así como contra integrantes del M-19, EPL y FARC-EP en Bogotá, entre 1985 y 1993.
La decisión, adoptada en el marco de los macrocasos 06 y 08, identificó dos patrones de criminalidad atribuidos a integrantes del antiguo Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), posteriormente conocido como Brigada 20.
El primero está relacionado con la persecución contra miembros de la Unión Patriótica, mediante estigmatización, seguimientos, amenazas y asesinatos. La JEP documentó 14 hechos que dejaron 18 víctimas.
El segundo patrón comprende detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios contra integrantes de organizaciones guerrilleras. En este caso se identificaron 13 hechos y 15 víctimas.
La investigación también estableció que estas acciones buscaban debilitar las estructuras organizativas de la UP, eliminar sus liderazgos, restringir su participación política y generar temor entre sus militantes y simpatizantes.
Entre los casos relacionados con esta investigación se encuentra el de Nydia Érika Bautista, militante del M-19, víctima de desaparición forzada y violencia sexual durante el conflicto armado.
Además de los ocho llamados a reconocer responsabilidad, la JEP remitió anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general retirado Iván Ramírez Quintero.
Los comparecientes disponen de 15 días hábiles para aceptar su responsabilidad o controvertir las conclusiones de la investigación. También deberán aportar información y presentar un plan de contribución a la búsqueda de personas desaparecidas.
La decisión representa un nuevo avance judicial en el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica y otras organizaciones durante el conflicto armado colombiano.
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