Emergencia por el terremoto sigue en pie, pero la Corte frena gastos del Gobierno por fuera de las zonas afectadas
La declaratoria fue avalada, pero las medidas extraordinarias deberán concentrarse en los municipios afectados por el sismo. La Corte también exigió justificar los gastos y reforzar los controles sobre los recursos públicos.
La Corte Constitucional avaló el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Sin embargo, estableció varios condicionamientos para limitar el alcance de las medidas y garantizar que los recursos extraordinarios se utilicen exclusivamente para atender las consecuencias de la tragedia.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con siete votos a favor y uno en contra, durante la revisión del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 y su modificación mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto. El magistrado Juan Carlos Cortés González fue el ponente.
Uno de los principales límites establecidos por la Corte tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia. Las medidas solo podrán aplicarse inicialmente en los municipios que registraron afectaciones por el terremoto y sus réplicas, de acuerdo con el Reporte Situacional 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Otros municipios de los departamentos incluidos en el decreto también podrán recibir atención, siempre que se demuestren daños relacionados directamente con el sismo y exista respaldo técnico de la UNGRD.
El alto tribunal también aclaró que las facultades extraordinarias no podrán utilizarse para resolver problemas anteriores al terremoto ni para implementar reformas estructurales ajenas a la emergencia.
En materia de reconstrucción, el Gobierno deberá demostrar que los mecanismos ordinarios de financiación son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la rehabilitación de las zonas afectadas.
Otro condicionamiento establece que los recursos no podrán destinarse a cubrir el déficit fiscal ni financiar gastos que no tengan relación directa con la emergencia.
Para garantizar el control del presupuesto, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda recalcular, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la providencia, el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias.
Además, las entidades que comprometan recursos deberán justificar por qué no pueden utilizar los mecanismos ordinarios de financiación y garantizar que los organismos de control puedan hacer seguimiento permanente a los gastos.
Finalmente, la Corte exhortó al presidente de la República, como responsable de dirigir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a implementar un plan de recuperación con planificación de recursos a varios años, que permita avanzar en la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.
Con esta decisión, la emergencia se mantiene vigente, pero el Gobierno deberá actuar bajo límites territoriales, presupuestales y administrativos definidos por la Corte Constitucional.
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