Óscar Benavides defiende manejo de recursos destinados a damnificados del Chocó
El representante a la Cámara Óscar Benavides entregó su versión ante la justicia y negó cualquier irregularidad relacionada con la recolección de más de $300 millones destinados a ayudas humanitarias para los damnificados del terremoto en el Chocó.
La diligencia hace parte de una indagación de la Corte Suprema de Justicia, que busca establecer el origen, manejo y destino de los recursos. El proceso analiza posibles conductas que podrían estar relacionadas con los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.
Durante su declaración, Benavides sostuvo que el dinero no ingresó a su cuenta bancaria personal y aseguró que los recursos fueron gestionados a través de la Fundación BNL 2, organización mediante la cual, según explicó, se coordinaron las ayudas destinadas a las comunidades afectadas.
El congresista también rechazó las versiones que, según él, afirmaban que había recibido directamente los recursos. Acompañado por su abogado, Augusto Campo, manifestó que espera demostrar ante las autoridades que no existieron actuaciones irregulares.
Como parte de su defensa, Benavides destacó las acciones humanitarias adelantadas por la fundación. Aseguró que fueron trasladadas más de 200 toneladas de alimentos hacia las comunidades afectadas y señaló que se proyecta utilizar parte de los recursos para construir más de 12 viviendas en el Chocó.
El representante afirmó que su participación en la colecta respondió a un propósito de solidaridad con las personas afectadas por la emergencia y manifestó su disposición para responder ante las autoridades durante el proceso.
La diligencia se realizó después de que, según reportes sobre el caso, Benavides solicitara en dos oportunidades aplazar su comparecencia.
La investigación permanece en el despacho del magistrado Francisco Farfán, encargado de adelantar la indagación. La presentación de la versión libre no implica por sí misma una decisión sobre la responsabilidad del congresista, que deberá ser determinada dentro del proceso correspondiente.
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